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Concesión a quince años

Privatizado el alumbrado público de Quibdó

El alcalde presentó proyecto de acuerdo para aumentar el impuesto de alumbrado público.

El pasado 29 de enero el alcalde de Quibdó, Jhon Jairo Mosquera Navarro, y el representante legal de la firma privada Unión Temporal Iluminación Quibdó, firmaron el contrato 001 de concesión del servicio de alumbrado público, por un plazo de quince años. El 14 de diciembre de 2006 el municipio, por medio de la resolución 4089, había declarado desierta la convocatoria pública para la entrega en concesión del alumbrado público, argumentando que la única oferta presentada, la de la Unión Temporal Iluminación Quibdó "presenta deficiencias, la información

que la sustenta no hace que la misma sea favorable, no es económica ni técnicamente viable para la ciudad".

Sin embargo, la Unión Temporal Iluminación Quibdó presentó el 26 de diciembre una solicitud de revocatoria directa argumentando que "con ello se podría causar un agravio injustificado".

El 6 de enero de 2007 el alcalde acepta la solicitud de la Unión Temporal Iluminación Quibdó y por medio de la resolución 006 revoca la resolución 4089 de diciembre 14 de 2006, dando luz verde a la firma del contrato del 29 de enero.

Con la privatización del servicio se avecina un aumento en las tarifas del impuesto de alumbrado público, que en la actualidad están en un diez por ciento del consumo de energía.

En la cláusula novena del contrato de concesión "el municipio se obliga a tramitar y a expedir en 2007 un nuevo marco tarifario, según lo propuesto por el oferente".

En efecto, el alcalde acaba de presentar al concejo municipal el proyecto de acuerdo 001 de 2007 donde se eleva el impuesto de alumbrado público en tarifas del 12, 13, y hasta el 15 por ciento por ciento del valor del consumo de energía. Incluso, para algunos comerciantes se propone un impuesto de alumbrado público equivalente al veinte por ciento del salario mínimo mensual vigente.

Varios abogados han expresado que esta contratación se ha realizado violando las normas legales, en especial la Ley 80, y que la demandarán en los estrados judiciales.

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