Entre otras, el informe concluye que Dasalud prácticamente no posee contabilidad ni archivo confiable, las cuentas se encuentran dispersas y botadas en todas las oficinas, se demoran mas de un mes en aprobar una cuenta urgente de un paciente, las dependencias son inoperantes, existe pobre gestión gerencial, auditoría ineficiente, ausencia de control interno, de inspección y vigilancia, la infraestructura es paupérrima, la falta de claridad en los embargos posibilita su doble pago, los déficit presupuestal y de caja ascienden a 12.291 y 4.796 millones de pesos, el presupuesto está distorsionado y desbalanceado, se presentan sobrecostos en los exámenes de laboratorio, exagerados gastos de funcionamiento, la información no es confiable, no hay políticas de pago ni existe libro de registro de cuentas por pagar, etc., etc.

Afirman los funcionarios de la Supersalud que Dasalud incurre en falta gravísima, de acuerdo al numeral 26 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 y transgrede su obligación de prestar un servicio público de seguridad social en salud.

El gobierno nacional ha intervenido en varias ocasiones diferentes entidades del Chocó, sus decisiones han sido publicitadas con bombos y platillos como acciones contra la corrupción regional pero la realidad es que continúa inexorable el deterioro institucional y los padecimientos del pueblo.

Las gentes del común observan una lánguida película donde se reemplazan funcionarios locales y regionales de mala condición por rimbombantes y prepotentes funcionarios nacionales de peor laya, que, a la hora de la verdad, todos dejan morir en las puertas de Dasalud o de los hospitales a los niños indígenas que suplican atención en salud o permiten paseos de la muerte a educadoras aquejadas por dolencias.

Claro que las sábanas están machadas por la corrupción y la ineficiencia, pero la matriz del mal está en la estructura misma de un Estado que con la ley 100 ha mercantilizado la salud, la ha transmutado en un vil negocio donde los intermediarios se alegran por la muerte de los afiliados porque así atesoran mayores ganancias.

Mientras siga rodando el whisky en las alcaldías y en las oficinas de las ARS y EPS, agonice la salud publica y crezcan los cementerios, las publicitadas intervenciones continuarán convertidas en un engaño más para el pueblo.