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Arremetida
de la Fiscalía contra la
corrupción
y la impunidad en el Chocó
''Quien
se roba la plata de salud, comete peculado y homicidio'': Mario
Iguarán
Cuarenta
investigaciones por corrupción: Marilú Méndez, directora del CTI
La
semana que termina estuvo caldeada por las explosivas declaraciones
del Fiscal General de la Nación, Mario Igüarán Arana.
Afirmó
que la fiscalía realizará una arremetida general contra la
corrupción e impunidad en el Chocó, que el robo de los recursos de
la salud implica un peculado y un homicidio, y que también
investigará a varios jueces chocoanos que a través de controles de
legalidad liberaron o anularon procesos por robo a recursos de la
salud.
Estas
son sus declaraciones: Continúa>>
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Entierro
de la salud en el Chocó

El
martes 10 de abril se realizó una marcha popular de denuncia de la
catastrófica situación de la salud en el Chocó y en exigencia de
soluciones reales para la población. En forma simbólica se cargó el
ataúd de la salud del Chocó, con los letreros de corrupción e
incompetencia.
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Debacle
total en el departamento
Inminente
caída del acuerdo de reestructuración de pasivos
Embargos
multimillonarios impedirían pago a empleados y jubilados.
Ana
Lucía Villa Arcila, directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda,
informó el pasado 22 de marzo al gobernador del Chocó que "en
aplicación del parágrafo 1 del artículo 35 de la ley 550 de 1999 se
convocará a la asamblea de acreedores con el fin de comunicar su
terminación por incurrir en las causales previstas en el numerl 5 del
artículo 35 de la ley 550 de 1999".
Argumenta
que la administración departamental incumplió el acuerdo al no cancelar
la prima de navidad de 2005 a los docentes ni a las entidades por concepto
de parafiscalidad.
Villa
Arcila definió el 24 de abril como fecha para la realización de la
asamblea de acreedores.
En
el día de ayer se reunió el comité de vigilancia, con la presencia de
Juan Guillermo Ángel, gerente presidencial para el Chocó, y Esmeralda
Villamil, promotora del acuerdo. Los funcionarios del gobierno nacional
dicen que la responsabilidad del pago de la prima y los parafiscales es
del gobierno seccional y que debe incluirse en el acuerdo de
reestructuración de pasivos. La administración departamental se niega a
ello, argumentando que dicha inclusión alteraría el escenario financiero
en cuanto a la fecha, orden y cuantía de los pagos.
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