EDITORIAL

El fracaso de las intervenciones en el Chocó

En medio de la batahola desatada por el gobierno de Uribe para ocultar su responsabilidad en la crisis del Chocó sus mas cercanos escuderos han planteado la intervención de Dasalud y del resto de organismos regionales como una novísima y original panacea contra la corrupción y el desorden administrativo.

La verdad es que la intervención directa del nivel central en el regional es un viejo expediente fracasado que ha agudizado los males chocoanos.

Para ello basta recordar la intervención que realizaron el Ministerio de Educación y el ICFES en la UTCH en 1991. Publicitado como el salvador de la institución universitaria, durante un año Humberto Mariño Villamil no pasó de ser un personaje gris acomodado a intereses politiqueros. Con pena y sin gloria alguna, bajo su mandato la UTCH no avanzó un milímetro ni en lo académico, ni en lo financiero, ni en lo administrativo.

Contrario sensu, una vez terminada la intervención, su sucesor, el químico chocoano Fausto Moreno impulsó un salto cualitativo de institución universitaria a universidad, creó nuevas carreras y laboratorios, profesionalizó varias tecnologías e impulsó la capacitación profesoral.

La segunda intervención fracasada se dio en Dasalud, en 1998, con Alvaro Uribe Isaza, quien se presentó como un aséptico ángel exterminador de los malos manejadores de la cosa pública. En seis meses de gobierno, el interventor Uribe Isaza desbarajustó aún más a Dasalud y terminó encartado en procesos judiciales de corrupción.

Pero tal vez la peor intervención se dio en la Electrificadora del Chocó. Con el mismo manoseado disparate de la inexistencia de chocoanos capaces y pulcros, los funcionarios enviados por la Superintendencia de Servicios Públicos mangonearon y destruyeron duran

te cuatro años lo que quedaba de la entidad, con el exclusivo y malévolo propósito de liquidarla y entregarla en bandeja a un consorcio privado donde figura el ex ministro de Minas Ramiro Valencia Cossio. Fue tal la desadministración de la Súper en la Electrificadora que elevó sus pasivos de quince a setenta mil millones de pesos, llevando la empresa a racionamientos crecientes de energía y al colapso total.

Y desde hace dos años padecemos la intervención de la Súper en las EPQ. El día que fue llamada a Bogotá la "agente especial" Gloria Patricia González, la misma que estuvo en la Electrificadora, dejó a Quibdó sin servicio de acueducto y a la empresa sin un solo bulto de sulfato de aluminio, insumo vital para el tratamiento del líquido. La Súper ha enterrado el acueducto por gravedad, y adelanta amenazantes cobros jurídicos por servicios no prestados.

En el fondo, el Chocó viene intervenido desde la firma de los planes de desempeño y el acuerdo de reestructuración de pasivos, donde hasta un centavo para por una fiduciaria. Los ministerios, los "organismos de control", las entidades descentralizadas, en toda oficina departamental o municipal imponen sus políticas. Por ello, todo fracaso administrativo, todo robo del erario en el Chocó implica responsabilidad equivalente o primordial del gobierno nacional, que como Pilatos se lava las manos y al calor del alboroto impone peores pócimas neoliberales.

El gobierno nacional interviene, no con el criterio del médico que busca salvar el paciente, sino con el macabro propósito del sepulturero de inyectarle veneno para liquidar de una vez el enfermo, acabar el empleo y lanzar amarrados a los humildes a la arena sangrienta y mortífera de los leones del mercado y la especulación financiera.

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