Procurador General denunció embargos ilegales en el Chocó

De muy grave calificó el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, la situación que se presenta en el Chocó, tras el millonario embargo de cuentas bancarias de los sectores de la salud y educación por más de 26 mil millones de pesos, entre el 2004 y 2007.

En carta dirigida al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Alonso Flechas, Maya Villazón denunció que algunos juzgados

con sede en Quibdo, ordenaron el embargo de cuentas, de recursos protegidos constitucional y legalmente y por ello inembargables, para el pago de ajustes salariales, salarios y prestaciones sociales.

En tres juzgados, dos laborales y un Juzgado Civil del Circuito se concentran más del 58% del valor total de los embargos ordenados por los despachos judiciales.

Se determinó que uno de los despachos ordenó un embargo por $1.554 millones de recursos del sector salud, mientras que otro juzgado ordena un embargo por $1.778 millones de recursos destinados para el sector educativo.

En otro expediente un solo abogado interviene como apoderado de 97 personas: en otro de los casos se solicita la cancelación de órdenes de prestación de servicios de 1997 hacia atrás, y para tal fin se presenta documentación donde se certifica la deuda, expedida la misma fecha y además se concluye una posible prescripción de la acción judicial para el cobro de las acreencias al Departamento y sin embargo se ordena su cancelación en dos títulos, en diciembre 18 de 2006, 310 millones de pesos y 15 de enero de 2007, por 600 millones de pesos, entre otros hechos.

Actualmente cursan procesos contra el Hospital departamental San Francisco de Asís, en nueve despachos judiciales por un monto que supera los 680 millones de pesos; contra el Departamento Administrativo de Salud, ocho procesos para el pago de una cifra superior a los dos mil millones de pesos y contra la Gobernación del Chocó cuatro procesos para lograr la cancelación de acreencias por una suma superior a los dos mil millones de pesos.

El procurador general de la nación, Edgardo José Maya Villazón, manifestó que los recursos de los sectores de la salud y la educación, no pueden ser embargados, porque así lo contempla la Constitución y la ley, y reiteró a los jueces de la república, sobre la circular de 2005 en la que les insta sobre el acatamiento de las normas.

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