Aterrorizados por los continuos y cada vez más crudos y cercanos enfrentamientos entre guerrilleros de las Farc y miembros de las Autodefensas, los humildes ribereños dejaron presurosos sus rústicas viviendas de madera y esterilla de palma, y se refugiaron en el templo local, con la esperanza de que ese recinto fuera respetado.

Abandonados y desprotegidos por las instituciones y fuerzas armadas y policivas del Estado, y a pesar de los múltiples llamados de alerta de dirigentes comunitarios, de la Diócesis de Quibdó y de la Defensoría del Pueblo, la comunidad de Bellavista cayó en el vórtice de la irracional guerra que ha destruido parte del país en las últimas décadas.

Quienes vivieron condenados por un régimen al servicio de una minoría cada vez más opulenta, en el fuego cruzado del 2 de mayo de 2002 murieron destrozados por un artefacto diabólico. Sus cuerpos fueron quemados y mutilados. Los muros y el piso de la iglesia quedaron impregnados de sangre, de trozos de piel chamuscada, de huesos aplastados. Quienes sobrevivieron a la masacre quedaron mutilados, discapacitados y traumatizados.

A un lustro de la tragedia, y a pesar de ingentes recursos de cooperación internacional, el gobierno nacional no ha sido capaz de finiquitar la reconstrucción física de Nueva Bellavista. La puja por las ganancias de los contratos entre una decena de entidades convirtió el proyecto en una torre de Babel y en más de tres ocasiones se ha aplazado su finalización y entrega. Los programas productivos no arrancan y se escuchan quejas por la mala calidad de las obras.

Cinco años después, solo se conoce de procesos judiciales contra dos o tres personas involucradas en la matanza. Ahora que se inicia la aplicación de la ley de "justicia y paz" aparecen de bulto sus troneras y deficiencias, donde algunos de los involucrados solo recibirán una condena máxima de ocho años. No basta con una pequeña indemnización económica para los familiares de las víctimas.

Una verdadera justicia implica reparación total, verdad absoluta de los hechos y sus responsables, incluyendo los gobiernos y el Estado en su conjunto, y medidas para impedir que en lo sucesivo en el Chocó y Colombia no se repita el holocausto de Bellavista.