Así fue la audiencia de rendición de cuentas

La mayoría de la gente del Chocó es honesta, seria. La mala gerencia de recursos públicos es responsabilidad de unos cuantos que es necesario sancionar.

El Chocó tiene en Colombia el mas bajo producto interno bruto per cápita, de $734.031 constantes de 2004, frente a $1’802.000 de promedio nacional y Casanare con 5’716.000 pesos (el mas alto del país).

En el Chocó hemos encontrado serias irregularidades con el manejo de los recursos.

Salud:

En salud la CGR ha proferido dos fallos de responsabilidad fiscal en abril por el no cumplimiento de los propósitos de unos traslados presupuestales para la realización de obras de construcción de hospitales y centros de salud.

Recogemos las pruebas para proferir otros cinco fallos de responsabilidad fiscal por deficiente administración de los recursos para construcción de obras de los centros de salud de Bellavista, Litoral de San Juan, Bajo Baudó, Nuquí y Bahía Solano.

Sobre el régimen subsidiado de salud en Quibdó en 2004, 2005 y 2006 se encontró:

Algunos concejales están afiliados en este régimen, violatorio de la ley y preocupante desde el punto de vista de la moralidad.

El municipio paga en forma tardía a las Ars, a pesar de disponer de los recursos en bancos.

Existen 57.714 afiliados al régimen subsidiado, pero 39.982 personas no se encuentran registradas en el Sisben, requisito esencial para ser afiliado a este régimen. Esto puede estar ocultando uno de las más grandes desvíos de recursos para la salud. Hemos iniciado una cuidadosa averiguación al respecto.

En Lloró, en 2004 y 2005, se encontraron giros a favor del tesorero y del alcalde por $1.362 millones. Lloró no canceló a las ARS con oportunidad 2.645 millones, pese

a haber recibido los fondos. En la actualidad se investiga la falta de entrega de 2.441 carnet a los beneficiarios. A pesar de ello, la ARS Selvasalud recibió el pago del aseguramiento por $780 millones, sin que los beneficiarios hayan podido acceder a los servicios.

Educación:

En el Departamento para 2004 y 2005 y primer semestre de 2006 las anomalías son: No realiza los pagos oportunos a los docentes, pese a que el Mineducación atiende a tiempo el giro de los recursos.

El valor de los embargos de las cuentas que manejan estos recursos fue de $22.535 millones.

Se culminan dos indagaciones preliminares, en alianza con la procuraduría y la fiscalía. Una, por no encontrarse incorporado al presupuesto correspondiente un total de $15.457 millones en 2002 al 2006, fondos que tampoco aparecen disponibles en bancos. Y por el pago de $336 millones a docentes incapacitados, siendo una obligación de las EPS respectivas.

En la otra indagación se verificó un daño patrimonial por $13.167 millones por mayores valores reconocidos y pagados mediante procesos judiciales con respecto a las obligaciones iniciales de los demandantes y pagos irregulares efectuados a docentes en el departamento.

Se iniciará otra indagación preliminar por dos hallazgos:

Desembolsos hechos por el tesorero del departamento sin soporte legal por valor de $540 millones.

A pesar de haber recibido los recursos, la tesorería tiene deudas vigentes con el Fondo Nacional del Ahorro de $1.294 millones por concepto de cesantías del personal administrativo, de $5.107 millones por parafiscales y de $4.045 millones por salud y pensiones.

En visita al ICBF se comprobó que en Lloró y Carmen de Darién no se entrega la bienestarina a los niños en forma gratuita.

En el control a las políticas públicas o control macro se inició de proceso administrativo de investigación sancionatoria al alcalde de Quibdó y al gerente de las EPQ por no

aportar el convenio interadministrativo a través del cual el municipio entregó a esta última el manejo del alumbrado público.

Necesitamos medidas de choque para enfrentar la ineficiencia y corrupción en ciertas regiones del país, donde forma persistente se ha comprobado el mal manejo de recursos transferidos por la Nación Tal es el caso de municipios o departamentos en los cuales sus mandatarios han sido suspendidos, destituidos y detenidos de manera consecutiva, sin que el clima de corrupción haya cesado. Para estos casos específicos es conveniente y urgente establecer un mecanismo excepcional de manejo de los recursos, independiente de las autoridades locales, con el fin de garantizar la transparencia y la probidad. Para tal finalidad será necesario presentar al congreso un proyecto de ley mediante el cual se conceda esta facultad en forma temporal al gobierno nacional para que establezca una comisión independiente de la administración seccional o local para que administre los recursos que le corresponden por transferencias al respectivo ente territorial.

Apartes de la intervención del Procurador Edgardo Maya Villazón

Igual que en el resto del país, hay en el Chocó una minoría que se impone sobre una gran mayoría de gente proba, honesta y transparente y que son perjudicados en su propia existencia. La procuraduría enfatiza:

1. Los dineros con destino a los resguardos indígenas deben manejarse de acuerdo al estatuto orgánico del presupuesto nacional.

2. Educación: Pago opor

tuno de la prestación del servicio.

3. Empresas prestadores de salud

4. Embargos de recursos públicos por la justicia sin fundamento, son dineros inembargables.

5. Transferencias de cesantías al Fondos de ahorro.

6. ¿Dasalud cumple su cometido?

7. Ausencia injustificada de los servidores públicos del lugar de trabajo.

Adelantamos cinco estrategias:

1.Fortalecemos la unidad nacional de administración pública con fiscales e investigadores. Sistema acusatorio en el Chocó el 1 de enero de 2008.

2. Comisión tripartita procuraduría, contraloría y fiscalía. Intercambio de pruebas.

3. Fortalecer información con cámaras de comercio, Datacrédito y Sijup para rastrear cuentas de personas y familiares.

4. Acercamiento a la comunidad. En Unión Panamericana es la misma comunidad la que se ha acercado al CTI para decirles que no fueron ellos los que reclamaron esos cheques que con ocasión de unas órdenes de prestación de servicios ficticios se habían hecho. Los mismos ciudadanos de bien dijeron: «Yo no he cobrado esos cheques. Lo que hicieron fue utilizar mi nombre y mi número de identificación».

5. Comisión enviada recientemente al Chocó por el CTI con analistas y contadores para investigar la corrupción administrativa, lo que nos ha permitido judicializar en los últimos dos meses mas de 35 casos. Llevamos 40 entrevistas, 16 inspecciones judiciales, más de diez análisis financieros y documental de contrataciones y licitaciones. Con fijación fotográfica y topográfica hemos comprobado que donde hace tres años debía haber una escuela o una vivienda no hay más de un ladrillo. No hay contabilidad en algunos municipios, a pesar de que han contratado asesores para que lleven la contabilidad.

Con recursos del Inurbe y del departamento para mas de 300 viviendas para los desplazados no hemos encontrado ni siquiera un ladrillo. En Lloró, y ya está judicializado, la donación de la Dian de mercancías por encima de 300 millones de pesos y en el inventario del municipio solo encontramos un carro que no tiene ese valor. El ex alcalde de Lloró debe presentarse ante la justicia. Ayer capturamos a su hermano que cobraba los cheques que el alcalde giraba por encima de 1.300 millones de pesos, haciendo efectivo el cobro de 800 millones. Eran los recursos de la salud subsidiada.

Sin perjuicio de la autonomía de los fiscales y de los jueces, el fiscal general ha pedido que en estos casos no se descarte la imputación y condena de homicidio junto a la de peculado, porque al tomar recursos de salud se priva la posibilidad de vivir.

Nos preguntamos si están los equipos que se dice o deben estar en el hospital San Francisco de Asís.

Que se pregunte si están los recursos ahora que hemos hecho sindicaciones a los tres directores de Dasalud cuando debieron girar los recursos para el centro de salud de El Carmen de Darién.

Cuando usted dispone de los recursos de la salud nos preguntamos, cuando la ARS Barrios Unidos de Quibdó tenía la obligación de girar recursos de la salud a las respectivas IPS.

Tenemos voluntad con un recurso humano, investigadores y fiscales adicionales para aportar algo en esta lucha contra la corrupción administrativa.

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