De un lado, la Procuraduría lo suspendió durante un mes por haber transgredido disposiciones legales en el nombramiento de dos directores de Dasalud. A renglón seguido el Procurador Maya Villazón, en pleno auditorio de la UTCH, anunció que le impondrá otra sanción de suspensión por tres meses más.

El panorama se agrava al conocerse que la fiscalía y la procuraduría han iniciado averiguaciones contra el gobernador en relación con la orden de pago con recursos del departamento de una multa personal por desacato a una tutela.

Para completar, otro informe de la Procuraduría ha puesto de presente que la administración departamental, en cabeza del gobernador, ha sido negligente, incompetente e incoherente en la defensa de los intereses del Chocó, frente a numerosos procesos jurídicos de embargo de recursos inembargables destinados a educación y salud.

El caos educativo es generalizado: los indígenas acuden desde las cabeceras de los ríos, se toman la entrada de la gobernación y bloquean las vías solicitando maestros y atención en salud. Crece al analfabetismo y de los cuatro puntos cardinales del Chocó llegan noticias sobre decenas de miles de niños que no han recibido clases este año.

Pero el tema más preocupante y explosivo afloró el pasado fin de semana cuando la revista Cambio denunció que existen grabaciones que sindican al gobernador de haber recibido en su campaña dineros del narcotraficante Olmes Durán y que, en contraprestación, le entregó el manejo de Dasalud y otros contratos. Lo peor de todo es que hasta el momento el gobernador no ha refutado ni ha pronunciado al respecto una sola sílaba.

Los dirigentes públicos se deben al pueblo y ante el pueblo deben actuar y someterse con absoluta transparencia. Ante tal cúmulo de oscuros nubarrones, que presagian una inminente tormenta, un retiro voluntario del gobernador le ahorraría al pueblo chocoano mayores vergüenzas. Los gobernadores del Magdalena y del Cesar fueron conducidos con esposas a los calabozos de la fiscalía, en la investigación de la parapolítica.

La situación en el Chocó es de tal magnitud que la permanencia del gobernador Ibargüen contribuiría a aumentar la estigmatización del pueblo chocoano. Tras de corruptos, aliados del narcotráfico, será el sello del nuevo oprobio.

Adicional a las responsabilidades personales y jurídicas, y al conocimiento de la verdad, tendrá que existir una responsabilidad política. Deben responder políticamente en mayor o menor grado los actuales representantes a la Cámara por el Chocó, socios en la campaña electoral, socios en su desastroso gobierno y mudos frente a la actual inmoralidad.