Desconoció el Tribunal que esa prima se creó hace más de treinta años, cuando regía la Constitución de 1886 y no la de 1991. Desconoció que el decreto reglamentaba el acuerdo 06 de octubre 15 de 1975 de la junta administradora del FER, organismo que tenía competencia para determinar la prima y en el cual tenía asiento y donde votó de manera favorable el representante del Ministerio de Educación. También desconoció que dicha prima es un derecho adquirido, consolidado y definido, que no puede ser menoscabado.

El Tribunal aceptó a pie juntillas las frágiles argumentaciones de la demanda de nulidad instaurada por la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, quien se encuentra en una cacería nacional para envilecer aún más la situación económica y laboral de los educadores.

El uribismo ha representado una real pesadilla para los maestros. Durante el mandato de Uribe, mientras día a día suben las tarifas de los servicios, los precios de la canasta familiar y se han incrementado los impuestos, los educadores han padecido una congelación salarial.

Incluso, muchos de ellos, sobre todo los del grado 14, han tenido "aumentos" salariales por debajo del índice de precios al consumidor (IPC), lo que en realidad es una reducción de los mismos, devengando hoy menos que en el año 2002.

El uribismo acabó los pocos estímulos que existían para los maestros de las zonas marginales. El uribismo eliminó los factores salariales para el cálculo de las pensiones de los educadores, generando una pérdida de más del setenta por ciento en el monto de las mismas. Fueron vulnerados los derechos de más de 80.000 maestros provisionales y en el mandato de Uribe se ha retirado a mas de 35.000 educadores.

El nuevo estatuto docente dificulta en grado sumo los ascensos, aumentando el tiempo de experiencia, anula la estabilidad laboral, degrada y humilla la sagrada profesión del maestro.

Como resultado, en todo Colombia se reduce la calidad de la educación y descendemos en forma dramática en las evaluaciones internacionales.

Esta decisión del Tribunal es un duro golpe al magisterio chocoano y a la economía regional. Dineros que se arrebaten a los maestros repercuten de inmediato en el comercio, la artesanía, las microempresa, en el sector de servicios y en el empleo.

Dineros que se arrebaten a los maestros son raponazos al pueblo entero.

Los maestros son consustanciales a la más noble y bien entendida chocoanidad, ya que son compañeros de lucha y de vivencias de las comunidades en las cabeceras urbanas y en los rincones más apartados, líderes y orientadores en las más terribles condiciones de vida y de trabajo.

Pero lo más deplorable en este doloroso asunto fue la negligente actitud del gobierno departamental. Igual que en los embargos y otras demandas contra el departamento, el gobierno regional, regido por antiguos maestros, fue incompetente para defender de manera debida este derecho adquirido de los educadores chocoanos.