Desde los primeros días de su primer gobierno, Alvaro Uribe habló en Pizarro y prometió el mejoramiento de los centros de salud y hospitales del Pacífico y del Chocó. Cinco años después la salud en el Chocó está a punto de desaparecer, incluso con la intervención del Ministerio y de Supersalud, intervenciones que no han conllevado recursos nuevos para afrontar la emergencia y que fueron solicitadas por los mismos que arruinaron las entidades.

Por el hospital San Francisco han desfilado cuatro gerentes en los últimos cinco meses. La intervención de Dasalud no arroja hasta ahora nada positivo. Por el contrario, ya se escuchan críticas por varias contrataciones. Crece la morbilidad y la mortalidad y no existe un centro de salud o un hospital en el departamento digno de su nombre.

Todos están en bancarrota económica, repletos de deudas y activos deteriorados, sin los más mínimos elementos de atención a la comunidad.

Se conocen a diario muertes de personas por falta de atención, por enfermedades casi extinguidas en otros lugares del mundo, por demora en remisiones, por contradicciones entre las entidades territoriales, las EPS y las IPS, por desajustes en la información del Sisben, por ausencia o carestía de los medicamentos, por las grandes distancias entre el lugar de residencia y los centros de salud, etc.

La realidad es que en el Chocó, por la dispersión de la población en extensas y lejanas zonas rurales, no funcionan ni encajan el tradicional sistema de protección, ni el actual y neoliberal sistema de aseguramiento.

Estudios de expertos concluyen que el sistema de aseguramiento mercantiliza la salud y la convierte en un gigantesco negocio del capital financiero, el poder real detrás de las EPS. De cien pesos transferidos, las EPS se quedan con setenta y solo dirigen treinta a la salud.

Cada que muere un colombiano en las puertas de un hospital se brinda con whisky en las oficinas de las EPS y del capital financiero, porque obtienen más ganancias.

En la cumbre mundial de Alma-Ata de 1975, y luego en la ONU en 2005, se acordó que el mejor sistema de salud es aquel que llegue hasta la vivienda, prevenga las enfermedades y relacione la salud con el medio ambiente y las condiciones de vida.

De nada sirve que el Presidente Uribe ordene carnetizar a toda la población si los centros de salud y los hospitales se caen a pedazos y no se cancelan los emolumentos al personal médico y auxiliares, efectos directos de la ley 100 de 1993. Entregarle carnet a los pobladores de las cabeceras de los ríos no pasa de ser un chiste por la lejanía de los centros de atención, la carencia de recursos para el transporte y la manutención del resto de la familia en ausencia de los mayores, y por la certidumbre de la mala atención y lo costoso de los medicamentos.

En el Chocó la montaña no va a Mahoma. Es Mahoma quien debe ir a la montaña. La salud debe ser un derecho fundamental y no una mercancía.

Es el sistema de salud y el Estado en su conjunto los que deben llegar a las decenas de miles de ranchos dispersos en la telaraña de ríos del Chocó.