EDITORIAL

Podredumbre electoral

El espectáculo presentado en la actual campaña electoral de gobernador, alcaldes, asamblea y concejos ha sido degradante, bochornoso e indigno. El envilecimiento de la política chocoana ha descendido a los más bajos niveles, tanto en su contenido como en su forma. Los sectores dominantes, (MIR, cordobismo y la casa Sánchez), defensores y partícipes del uribismo, se entrecruzan en una turbia promiscuidad de alianzas y pugnas, donde no existen propuestas, ni ideología, ni programas, ni debate alguno. Es tal su incoherencia, prostitución y falta de sindéresis política que en algunos lugares firman acuerdos, se alaban y se abrazan ante el vulgo y en otros se rechazan e insultan.

El objetivo es solo uno: ganar a como de lugar para alzarse con el preciado botín. Es la politiquería de clientelas, negocio lucrativo para disfrutar cuatro años de presupuestos. Más de cincuenta mil millones de pesos en la gobernación y la alcaldía de Quibdó y miles de millones en el resto de los municipios.

Todo vale en la podredumbre electoral chocoana. Trastear como ganado a miles de votantes de un lugar a otro, adjudicar contratos fraccionados a tutiplén, pagar facturas de energía a los desconectados, costear transportes, entregar mercados, llevar láminas de zinc o bultos de cemento a las viviendas tuguriales, cancelar los gastos funerarios, encargarse de las remisiones de los enfermos, hacerse cargo de las boletas de empeño de los aretes de la abuela, adjudicar o amenazar con la exclusión de Familias en Acción o el Sisben, eximir de impuestos o adelantar trámites paralizados durante años, matricular a los estudiantes, engaños y promesas de puestos y suministros, "sugerencias" de despido a los empleados, etc., etc.

Como gran novedad y para amarrar a electores díscolos se informa que se cancelarán los votos solo cuando el esclavo compruebe con una foto tomada con un teléfono celular que cumplió con su parte.

Cabalgando en el analfabetismo y la ignorancia política, las mafias de la mascarada electoral compran votos a diestra y siniestra para candidatos con desastrosos antecedentes administrativos, recién salidos de la cárcel Anayancy, con varios procesos penales por peculado o con múltiples entradas a la prisión.

El mercado está activo, los prestamistas agotan sus capitales mal habidos y la bolsa mínima parece rondar los cincuenta mil pesos por voto, delante de los farisaicos y burlescos topes electorales.

En letra muerta queda el artículo 390 del Código Penal que estipula de tres a cinco años de prisión a quien compre votos. Es tal la tragicomedia que muchos sostienen que gran parte de la población indigente del Chocó solo logra tener juntos más de cincuenta mil pesos el día de las elecciones.

La realidad aclara que ha sido una engañifa la política uribista de "lucha contra la politiquería" y un fracaso total la reforma política. Nunca antes como ahora ha sido tan grande el fraude y la corrupción electoral.

La Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo han alertado sobre los riesgos y desbarajustes de estas elecciones. El Procurador Maya Villazón pidió no realizar elecciones con la actual anacrónica legislación y la práctica de comprar paquetes de centenares de votos a través del control de los jurados de votación.

El prestigioso semanario británico The Economist afirmó que la democracia colombiana apenas clasifica en el puesto 67 "bajo un sistema defectuoso a punto de inexistencia". Si nos visitaran en esta época y clasificaran la democracia en el Chocó, seguro la considerarían inexistente, con un mínimo de voto sano, informado, sin presiones y a conciencia.

COMENTE ESTA NOTA