Se conocen numerosas evaluaciones de dicho sistema en departamentos donde rige desde hace varios años y los resultados son alarmantes. En octubre de 2005, el entonces vicefiscal general de la nación, Otálora, concedió un reportaje donde analizó su aplicación durante siete meses en Bogotá y el Eje Cafetero afirmando de manera categórica que con el SAP la justicia "había colapsado" y pidió suspender su puesta en práctica en el resto del país. El gobierno desatendió de manera olímpica la solicitud y continuó adelante con los compromisos adquiridos con Washington en el Plan Colombia.

Otálora llamó la atención en el sentido de que con el SAP, por la celeridad del proceso, la justicia solo funcionaba con delitos en flagrancia o delitos de bagatela (bazuco, CDs piratas, etc.), dejando en la impunidad los delitos contra la administración pública cometidos por delincuentes de cuello blanco.

Contrario a lo predicado por los defensores del SAP en el sentido de la descongestión judicial, también se refirió al crecimiento del represamiento de las investigaciones en los despachos.

Si los peculados pasan impunes como Pedro por su casa con el sistema penal acusatorio en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades, donde existe una mediana infraestructura física e investigativa, ¿qué va a ocurrir en el Chocó donde tenemos municipios donde no existe ni un fiscal ni un juez, donde escasean los recursos, el personal, los laboratorios, los peritos, donde ni siquiera existen carreteras, ni salas adecuadas, ni se ha realizado la pedagogía suficiente al respecto?

"Estamos preocupados por el desconocimiento que la mayoría de los abogados litigantes del Chocó tienen sobre el SAP, pese a las gestiones que hemos realizado. Nos negamos a creer que con esta indiferencia pretendan justificar la importación de abogados defensores foráneos, en detrimento del desarrollo del Derecho regional, generando desestímulo y desempleo profesional para los nuestros, al tiempo que aumentan considerablemente los costos de la defensa", dice el presidente del Colegio de Abogados del Chocó, Rodrigo Córdoba Mena.

A diario se conocen desfalcos, peculados y latrocinios en las entidades públicas y el pueblo chocoano pide a gritos sanciones ejemplarizantes contra los defraudadores del erario público, expertos en el encubrimiento de sus huellas y procedimientos delictuosos, al punto de que llegan a desaparecer los archivos.

El gobierno responde con la aplicación distorsionada de un sistema oral que exige de manera vertiginosa la presentación de pruebas ante los jueces con ayuda de peritos e instrumentos que no existen en el Chocó.

Un sistema con un trasfondo clasista donde los pequeños delincuentes que superviven en la indigencia no tienen posibilidades de pagar la recolección de pruebas y que van a reventar la cárcel Anayansy.

Los indiciados de menos recursos económicos no tendrán posibilidad de defensa por carecer de recursos económicos para aportar las pruebas a su favor.

Con el SAP en el Chocó resonará con más fuerza la canción de Shakira ¿Dónde están los ladrones de cuello blanco? Si con el sistema mixto de la ley 600 de 2000 los ladrones del Chocó se pasean orondos por las calles, con el SAP tendremos impunidad total frente a los peculadores.