En una reunión realizada hace dos semanas con alcaldes de municipios fronterizos, la directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, Ana Lucía Villa, dijo que el Gobierno nacional ha tenido amargas experiencias cuando quiso ayudar a paliar las acreencias de algunas entidades territoriales.

Recordó el caso de Chocó, departamento al que hace un tiempo se le otorgó un crédito para atender sus pasivos y que, según Villa, a los seis meses consumió estos recursos y se vio en la necesidad de acogerse a la Ley 550 ó de quiebras.

En relación con las enormes deudas que han encontrado los nuevos alcaldes respondió que los municipios deben pagar sus pasivos con recursos propios.

El alcalde de Riosucio, Jorge Isaac Mosquera, informó que la deuda de su municipio es de 14 mil millones de pesos y que, ante la negativa del gobierno nacional de apoyar la solución de este problema está adelantando contactos para conseguir recursos de crédito o incluso por medio de cooperación internacional.

El alcalde de Riosucio Mosquera se quejó porque recursos del Sistema General de Participaciones girados a Riosucio han sido embargados por los jueces para el pago de acreencias. "En cuanto a la parte de educación y de salud, el municipio tiene un embargo por las cesantías y las prestaciones sociales del magisterio desde hace varios años".

Otros alcaldes alertaron ante un nuevo pasivo en los municipios. A raíz de los Planes Departamentales de Aguas se privatiza el servicio y se exige liquidar las empresas municipales, teniendo que pagar sus deudas y pasivos pensionales.

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