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Edición No. 651, Quibdó, Abril 4 al 10 de 2008 |
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Bancarrota total del Chocó El gobernador Patrocinio Sánchez informó que el departamento debe 322 mil millones de pesos y que denunció a su antecesor Julio Ibargüen por graves irregularidades. Luego de tres meses como gobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez ofreció una rueda de prensa donde presentó un inventario de las deudas del departamento. Informó que el sector central debe 245 mil millones de pesos, desglosados así: 69 mil millones en cuentas por pagar, 54 mil millones en acreencias educativas y 122 mil millones en pasivos judiciales (procesos judiciales ejecutivos).Los institutos descentralizados adeudan 76 mil millones de pesos representados así: Dasalud, 42 mil millones; Lotería, 18 mil millones; Serinsalud, 6.263 millones; Hospital San Francisco, 5.320 millones; Licorera, 3.149 millones. A esto se suma lo adeudado a la firma Chocó Pacífico (850 millones) y a la licorera del Valle (628 millones). Lo anterior significa que el departamento debe la suma de 322 mil millones de pesos. Además, existen en la actualidad demandas judiciales por fallar en cuantía de 132 mil millones de pesos. Si los fallos fueren adversos al departamento la deuda subiría a 453 mil millones de pesos. Es tan catastrófica la situación que la deuda del Chocó con 106 ex diputados sube cada día 200 millones de pesos como resultado del ‘taxímetro’ o sanciones moratorias por no haberles cancelado sus cesantías en el período legal. El gobernador Patrocinio Sánchez hizo graves denuncias contra su antecesor Julio Ibargüen. En la administración de Ibargüen se permitió la prórroga del contrato de distribución de licores, numerosas demandas contra el departamento no tuvieron respuesta alguna, se hizo reconocimiento irregular de sanciones moratorias a ex funcionarios, se realizaron pagos dobles y despidos sin notificaciones. Las denuncias de Patrocinio Sánchez también cobijan al ex secretario general Flavio Córdoba y al ex asesor jurídico Jaime Pino y al juez primero laboral Francisco Antonio Mena. "Ahora sí hay defensa, presentamos excepciones, incidentes de desembargo y de nulidad. Somos un gobierno austero y no habrá nuevas deudas. Repetiremos contra funcionarios que con su conducta han perjudicado al Chocó", dijo Sánchez Montes de Oca. Vea el inventario de deudas del departamento>> AVISO IMPORTANTE DE CHOCO7DIAS.COM Chocó
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El convenio fue suscrito el 31 de marzo En julio, Empresas Públicas de Medellín (EPM) operará el acueducto de Quibdó "No firmé el convenio porque Quibdó no puede ser testigo de piedra", dijo el alcalde Francis Ceballos. "Sepultaron más hondo el compromiso del acueducto por gravedad", denunció un miembro del comité cívico.
De izquierda a derecha: Francisco Piedrahita, director de aguas de EPM, Federico Restrepo, Gerente entrante de EPM; Juan Felipe Gaviria, Gerente saliente EPM, Juan Guillermo Ángel, Asesor Presidencial para el Chocó, Evamaría Uribe, Superservicios; Leyla Rojas, Viceministra de Agua; Francis Ceballos, alcalde de Quibdó; Jorge E. Pizano, Gerente EAAB y Roberto Carlos Angulo, Liquidador EPQ. El 31 de marzo se firmó un convenio entre las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y las Empresas Públicas de Quibdó (EPQ) en liquidación para administrar, a partir de julio y durante siete años, los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (AAA) de Quibdó, convenio que se ejecutará en alianza con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). El documento fue suscrito por Juan Felipe Gaviria en calidad de gerente general de EPM y Roberto Carlos Angulo, liquidador de EPQ. Una vez culminen los siete años, la Superservicios anunció que entregará la empresa a una entidad particular. La firma del convenio se hizo en la UTCH y participaron Leyla Rojas, Viceministra de Agua y Saneamiento; Eva María Uribe, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Juan Felipe Gaviria y Federico Restrepo, gerentes entrante y saliente de EPM; Jorge Pizano, gerente de EAAB, y Juan Guillermo Ángel, asesor presidencial para el Chocó. El alcalde de Quibdó, Francis Ceballos, se negó a firmar el documento argumentando que no quería ser "testigo de piedra" de una decisión de la cual se lo había marginado y que dicho convenio contradecía el documento Conpes 3470 de abril de 2007 y un convenio anterior con el municipio de Quibdó. Un miembro del Comité del Paro Cívico del año 2000 agregó que existen varios estudios que concluyen que el sistema de bombeo no es sostenible en Quibdó y que con este nuevo convenio se aleja aún más el compromiso de construir un verdadero acueducto por gravedad para Quibdó, utilizando al río Ichó como fuente. Continúa>> Nuevas detenciones por robo al departamento En desarrollo de la investigación por la defraudación al departamento de cerca o más de mil millones de pesos con documentos falsos del Fondo Educativo Regional (FER), y por la cual la semana anterior se detuvieron nueve personas, la fiscalía 280 seccional de Bogotá ante el DAS ordenó el pasado miércoles dos nuevas capturas. Se trata de Nidia Andrea Buenaños Copete, funcionaria de la oficina de apoyo judicial de Quibdó, y del abogado Jhon Harlin Asprilla Gómez. A la señora Buenaños Copete la investigan porque supuestamente certificó la presentación personal en varios documentos falsos. Al abogado Asprilla Gómez lo sindican de fraude procesal con dobles cobros. Con estas, son ya once las personas recluidas en la cárcel Anayancy de Quibdó en el marco de esta investigación, denominada ‘Operación Imperio’. "La próxima semana se definirá la situación jurídica de los implicados en esta operación", dijo uno de los funcionarios encargados de la investigación. |
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