Y vamos a las elecciones presidenciales sin conocer aún los resultados de los comicios parlamentarios del pasado 14 de marzo. Lo que sí se sabe fue que ocurrió un fraude electoral de proporciones mayúsculas, cuya punta del iceberg viene develando lentamente el Consejo Nacional Electoral, CNE.

Este alto organismo, ante las numerosas denuncias e irregularidades presentadas, ordenó el traslado a Bogotá y la revisión de toda la documentación electoral del Chocó, anulando primero 3.500 votos de 17 mesas de Quibdó. Posteriormente anuló votos fraudulentos en corregimientos de Alto Baudó y Bagadó. Y el pasado viernes se expidieron siete nuevas resoluciones anulando votos y mesas en Unión Panamericana, Tadó, Medio Baudó, Condoto y Bajo Baudó.

En este último municipio, en el corregimiento Villa Colombia, se presentó manipulación de tarjetas. Se demostró que las 248 tarjetas depositadas en la mesa 1 corresponden a la mesa 2; y las 149 de la mesa 2 corresponden a la mesa 1.

La estafa fue tan grande que no se reportaron votos nulos, blancos, tarjetas no marcadas. Y, por si fuera poco, en la mesa uno, 283 de los 284 votos, y, en la dos, 145 de 149, fueron marcados por un solo candidato.

El CNE ha encontrado todo tipo de trampas como suplantación de electores, fenómeno que se da cuando se computa un voto supuestamente depositado por un votante, pero éste en realidad no lo ha hecho. Esta irregularidad tiene varias modalidades, la primera de ellas se da cuando un ciudadano se presenta con una cédula de ciudadanía falsa, o con una auténtica pero quien la porta no corresponde a la persona de ese documento. También se ha detectado que los jurados de votación registran en el formulario E-11 ciudadanos que nunca se presentaron a votar, muchas veces sin correspondencia entre los números de cédula y los nombres.

Y la suplantación de electores ha sido de tal magnitud que ha sido necesario anular mesas enteras porque más del sesenta por ciento de los votos se han comprobado como falsos.

Además se ha encontrado falsedad en documento público, alteración de resultados y la falta de firmas de los jurados en los documentos electorales, documentación entregada en forma extemporánea, lo que motivó al CNE a remitir las pruebas a la Fiscalía y a la Procuraduría, para que se determinen las responsabilidades penales y disciplinarias.

Adicional a los hallazgos y determinaciones del Consejo Nacional Electoral, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar por fraude electoral, para determinar si algún parlamentario participó en la alteración de los comicios. Está claro que el fraude, el delito y la podredumbre dominaron las elecciones del pasado 14 de marzo en el Chocó. Todo apesta en el actual sistema electoral. A plena luz del día, maletines llenos de dinero fueron retenidos por funcionarios de organismos de seguridad. Ya se considera "normal" la corrupción al sufragante con la compraventa de votos, las promesas y pagos de dinero o beneficios a quien vote de una forma determinada o se abstenga de hacerlo, la coacción al votante o las mañas de retención de cédulas. La trasparencia del voto y la democracia son consignas vacías, ante la suciedad y la vileza presentada en la realidad electoral del Chocó.

A lo anterior se suma el constreñimiento a numerosos empleados públicos, hoy esclavizados con contratos a término fijo, órdenes de prestación de servicios, o encadenados a las falsas cooperativas de trabajo asociadas. Las maniobras engañosas a los campesinos e indígenas, que en gran proporción desconocen sus derechos y la realidad política. La trashumancia o trasteo de votos, con el desplazamiento de ciudadanos como si fueran animales de corral. La corrupción de registradores, delegados y jurados de mesa. La alteración de resultados electorales, introduciendo indebidamente tarjetas o documentos, o modificando actas.